Laura Mancilla
ASESORA LEGISLATIVA CDC
13 julio 2014- En 2009 se dio un paso importante en la relación entre el Estado de Chile y los pueblos originarios al promulgarse el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, por el cual el Estado debió asumir “la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad” (Art. 1, N°1).
Esta incorporación al derecho interno del tratado es un significativo avance en las políticas públicas, al constituir parámetros claros sobre las obligaciones del Estado respecto de la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, el respeto de tradiciones y costumbres, y la consulta indígena.
Especial atención ha generado la aplicación de esta última, ya que se refiere a la obligación del Estado de consultar a los pueblos indígenas, a través de sus representantes, respecto de cualquier acto, sea legislativo o administrativo que pueda afectarles directamente.
Para su aplicación se inició un proceso de “Consulta indígena” en marzo de 2011, de modo de evaluar la institucionalidad indígena vigente; se invitó a personas del mundo indígena, quienes asistieron bajo la condición de que dichas reuniones no constituyeran en sí una “consulta sobre la consulta”, ya que en muchos casos se trataba de talleres informativos, lo que no cumplía con el estándar del Convenio. Por otro lado, no se respetó el espíritu del Convenio al “consultar” a personas que no respondían a las instituciones representativas de los grupos interesados.
Sin embargo, el Gobierno procedió a dictar el Decreto N° 66 del Ministerio de Desarrollo Social que regula el procedimiento de consulta indígena. Cuestión que ha sido criticada por algunos sectores, por faltar representatividad; provocando un clima de desconfianza y recelo, lo que va en contra de los principios que promueve el Convenio (como la buena fe y el intercambio en una situación de confianza).
Es así que el Observatorio Ciudadano y representantes de pueblos originarios solicitaron una audiencia especial ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estos hechos y solicitar una visita in loco (en terreno). En esta audiencia, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, señaló que a su parecer no constituían suficiente instancia de participación los “talleres informativos” que el Estado expuso haber desarrollado durante el proceso.
El gobierno y el Estado tienen ahora una oportunidad para corregir una relación que ha sido históricamente tensa, aplicando el Convenio sin doble interpretación, generando protocolos que sean aceptados por las comunidades y en las que se sientan con la confianza de plantear sus inquietudes y con la seguridad de que serán escuchados de manera receptiva.