Por Ignacio Orozco

En los últimos meses ha habido decenas de declaraciones cruzadas sobre la importancia y pertinencia de conmemorar los 50 años del Golpe de Estado. Fuerzas como la UDI, que apoyaron económica y políticamente la dictadura, se han enfocado en plasmar el relato de que los eventos dedicados a la memoria, apoyados por el oficialismo, apuntan a la imposición de una “verdad oficial” sobre la historia de nuestro país, lo que atenta contra la libertad y busca polarizar.

Las fuerzas de izquierda y centroizquierda han respondido a las acusaciones sosteniendo que las conmemoraciones apuntan a generar consensos respecto a la condena de la violencia y la persecución a quien piensa distinto, como formas válidas de acción política.

Lo obvio, que por obvio no se ve, es que la pertinencia de los ejercicios de memoria es una discusión mucho más relevante para la llamada “clase política”, que para la ciudadanía. Según el último Barómetro de la política CERC-MORI, el 41% de los jóvenes (18-35 años) dice saber poco y nada o derechamente nada sobre el golpe. En la clase baja, un 41% no sabe del golpe o no responde la pregunta. En cuanto al total de los encuestados, un 30% dice saber poco y nada del golpe, y un temible 30% (que varía en torno al 2% según grupo etario) considera que el Golpe de Estado es irrelevante. 

La encuesta Chile Dice (colaboración entre la Universidad Alberto Hurtado y Criteria) muestra que un 60% de los chilenos consideraría justificado el autoritarismo en alguna situación no especificada. Además, un 61% considera que hoy los Derechos Humanos no se respetan mucho o no son respetados en ninguna medida.

No es posible relevar la importancia de la memoria, buscar la condena transversal al atentado contra la democracia en 1973, y condenar las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos durante la dictadura en una sociedad que no sabe que ello sucedió, o sabiendo no le importa. 

Incluso dejando de lado el elemento histórico, la dificultad se mantiene. Un grupo importante considera que los episodios de brutalidad policial desarrollados durante el estallido social constituyen violaciones a los Derechos Humanos equiparables a las que ocurrieron sistemáticamente durante la dictadura, y simultáneamente otro (que no sabemos si está o no solapado con el anterior) justifica abiertamente un gobierno autoritario.

La polarización que genera esta fecha no nace del desacuerdo político sobre el significado del golpe. Abundar en guerras mediáticas respecto al tema solo amplifica la percepción de desconexión entre los representantes y la ciudadanía. El problema no es de memoria. Para que lo fuera, tendría que existir conciencia respecto a “qué” es lo que hay que recordar, reconocerse la democracia como un sistema siempre preferible al autoritarismo, y todos deberíamos saber que fue y que significó el golpe de estado.

No habrá memoria sin amistad cívica. No habrá amistad cívica sin progreso en educación y cultura. Si queremos construir consensos que aseguren no repetir la historia, no sirven las acusaciones de censura o negacionismo. Sirve impulsar políticas públicas educacionales que releven la democracia, expongan la crueldad sistemática, persecución ideológica, y el debacle económico que significó la dictadura, concentradas en los jóvenes de sectores más vulnerables; políticas de culturización pluralista enfocadas en la población adulta joven; y una agenda que fortalezca los Derechos Humanos de segunda generación, para disminuir la cantidad de personas vulnerables que sienten violados sus DD.HH hoy.