David Labbé Otarola
Investigador asociado CDC, Magíster en Economía Aplicada de Georgetown University, Magister en Gestión Pública de la Universidad Complutense de Madrid y Administrador Público de la Universidad de Concepción.
Richard Musgrave, uno de los economistas públicos más influyentes del siglo XX, se formó en una tradición intelectual marcada por el orden, la responsabilidad fiscal y la búsqueda de equilibrio entre Estado, mercado y sociedad. Su aporte permitió comprender con mayor claridad que los impuestos y el gasto público no son solo herramientas contables, sino expresiones concretas de la forma en que una comunidad política define sus prioridades.
En términos simples, su obra puede resumirse en los llamados “tres brazos de Musgrave”: la asignación de bienes públicos, la redistribución del ingreso y la estabilización macroeconómica. Se trata de tres funciones esenciales del Estado moderno que, lejos de competir entre sí, deben operar de manera articulada si se busca sostener el desarrollo nacional.
Como un buen malabarista, en buena parte de las sociedades modernas este equilibrio recae especialmente en los ministerios de Hacienda. Son ellos quienes deben mantener en movimiento la pelota de la asignación de recursos, sin dejar caer la redistribución ni descuidar la estabilización macroeconómica. Todo esto, además, procurando conservar la confianza ciudadana y la credibilidad de largo plazo que exige una economía sana.
El problema surge cuando uno de esos brazos se impone de manera excluyente sobre los demás. Sin importar el signo político del gobierno de turno, cualquier olvido o desajuste en estas funciones puede conducir a desequilibrios relevantes en el rol del Estado. Un Estado que solo estabiliza, pero no asigna bienes públicos estratégicos ni redistribuye con sentido de justicia, corre el riesgo de transformarse en una mera administración de restricciones. Del mismo modo, un Estado que solo gasta, pero no cuida su sostenibilidad fiscal, termina debilitando precisamente las bases materiales que permiten sostener derechos, oportunidades y políticas sociales en el tiempo.
Una lección reciente puede observarse en el brazo estabilizador. La decisión de restringir el margen de operación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles pudo haber aliviado presiones fiscales de corto plazo, pero también trasladó parte del ajuste a las familias y a las empresas. Ese efecto no es menor. El Informe de Política Monetaria de junio de 2026 del Banco Central advirtió que el aumento de los combustibles incidió en la aceleración reciente de la inflación, ubicando la variación anual del IPC en 3,9% en mayo y proyectando una inflación de 4,2% a diciembre de 2026, por encima de la meta de 3%.
La pregunta, entonces, no es si la disciplina fiscal importa. Importa, y mucho. La pregunta es si toda decisión fiscalmente prudente es, por ese solo hecho, socialmente suficiente o estratégicamente correcta. En economías abiertas, con hogares altamente sensibles al precio de la energía y con una clase media expuesta a shocks de costo de vida, el brazo estabilizador no puede entenderse únicamente como ahorro de caja. También debe considerar el impacto distributivo de las decisiones y su efecto sobre la confianza cotidiana de las personas.
Allí aparece el segundo brazo, muchas veces mencionado, pero no siempre comprendido en toda su profundidad: la redistribución. En una república democrática, redistribuir no es solo transferir ingresos. Es reconocer que la cohesión social exige corregir desigualdades persistentes, proteger a quienes enfrentan mayores vulnerabilidades y evitar que los costos del ajuste recaigan siempre sobre los mismos sectores. Desde una perspectiva de bien común, la política fiscal debe ordenar las cuentas públicas, pero también cuidar el tejido social que permite que la economía funcione con legitimidad.
El tercer brazo, la asignación de bienes públicos, muestra otra dimensión del mismo dilema. Una decisión cuyos efectos probablemente se percibirán en el mediano y largo plazo es la paralización de la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, por razones presupuestarias y administrativas. El caso no debería reducirse a una controversia sectorial del mundo cultural. Lo que está en discusión es si el país entiende la cultura, el espacio público y la infraestructura simbólica como bienes públicos estratégicos, o si los considera gastos prescindibles cuando aparece la estrechez fiscal.
El propio GAM ha señalado que el proyecto buscaba ampliar el acceso a la cultura, fortalecer la creación artística, consolidar un espacio público de encuentro ciudadano y contribuir a la regeneración del centro de Santiago. Esos objetivos no son accesorios. En sociedades fragmentadas, la cultura cumple una función de integración, memoria, identidad democrática y encuentro intergeneracional. Su valor no se agota en la rentabilidad inmediata ni puede evaluarse exclusivamente bajo una lógica de flujo presupuestario anual.
La comparación internacional ayuda a dimensionar el punto. El Centre Pompidou de París inició un proceso de renovación de gran escala, con el cierre de su edificio principal desde 2025 y una reapertura prevista hacia 2030. Francia, con gobiernos de distinto signo político, ha entendido que parte de su identidad nacional, atractivo internacional y proyección económica descansa también en instituciones culturales robustas. Naturalmente, estos proyectos pueden y deben ser discutidos en sus costos, diseños y mecanismos de financiamiento. Pero las democracias maduras suelen comprender que ciertos bienes públicos tienen un horizonte más largo que el ciclo político y un valor más amplio que su contabilidad inmediata.
Chile necesita asumir con seriedad la sostenibilidad fiscal.
