Fuente: Cambio 21
Rechazar una reforma económica insuficiente o mal orientada no equivale necesariamente a obstruir. También puede ser una expresión legítima de responsabilidad democrática cuando están en juego decisiones que afectan el modelo de desarrollo, la distribución de oportunidades y la capacidad del Estado para responder a los desafíos estructurales del país.
La discusión económica actual no se reduce a una controversia tributaria. Involucra preguntas más profundas sobre productividad, concentración de mercados, innovación, inversión pública, protección social y calidad del crecimiento. Chile enfrenta problemas que no se resuelven únicamente reduciendo el costo del capital o debilitando regulaciones. El desarrollo sostenible requiere infraestructura, capital humano, ciencia, tecnología, competencia efectiva y políticas públicas capaces de generar crecimiento con inclusión.
Una estrategia centrada casi exclusivamente en rebajas tributarias y desregulación puede parecer atractiva en el corto plazo, pero también puede limitar capacidades públicas esenciales, ampliar desigualdades y debilitar la cohesión democrática. Cuando amplios sectores perciben que el crecimiento beneficia solo a unos pocos, la confianza en las instituciones se erosiona y la legitimidad del sistema político se resiente.
Por eso, decir no también puede ser una forma de cuidar el futuro. Pero ese rechazo debe ir acompañado de propuestas serias, viables y responsables, orientadas a construir un país más justo, productivo y democrático.
